Traté de averiguar por teléfono si el Reino Unido había firmado un acuerdo de cooperación con Venezuela en cuanto a control de narcóticos, ya que nadie respondió a la petición para información que hice en mi columna. La Comisión Anti-Drogas del Reino Unido (UKDC), que es un ente independiente, no sabía, y me refirió al Ministerio del Interior (Home Office) que tampoco sabía y me dijeron que lo mejor era llamar al despacho de Relaciones Exteriores (Foreign & Commonwealth Office-FCO). Al llamar por teléfono, me pasaron a la oficina que se encarga de América del Sur. El señor que me atendió dijo que no sabía y que tendría que consultar a sus colegas y me iba a devolver la llamada. Cuando le dicen a uno que te van a contestar significa que no recibirás respuesta. Ustedes también pensarían que a este tipo (Patrick) nunca le contestan y ¿por qué se está quejando? Pero resulta que me contestaron DOS VECES. El contacto insistió que no sabía la respuesta pero iba a indagar y, ¿adivinen qué? Recibí un correo con la información.Resulta que el Reino Unido y Venezuela sí firmaron "un plan de acción bilateral informal" en Junio 2007, o sea apenas un año atrás. El signatario para el RU era Lord Triesman y para Venezuela el viceministro para Europa, Rodrigo Chaves. El documento, me dicen, sella el compromiso de trabajo en áreas de salud, educación, energía, comercio e inversión, gobernancia y lucha antinarcóticos. El último incluye colaboración en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Mi análisis es que el acuerdo se hizo después del documento de la FCO sobre la política a seguir en América Latina por los próximos 10 años. Informé sobre el contenido del documento en dos ediciones de nuestro semanario LVM el año pasado. Chévere la confirmación, pero la respuesta de la segunda pregunta referente a la presencia de agentes británicos en las selvas de Venezuela chequeando rutas de drogas es tajante; ninguna sorpresa. "Es la política constante del gobierno de Su Majestad no comentar sobre asuntos relacionados a inteligencia o seguridad nacional".
Mientras tanto, hay noticias poco halagadoras en el frente doméstico inglés. En cuanto a la guerra contra las drogas, la comisión británica de drogas (UKDC) admite que la policía está perdiendo la batalla contra el comercio que mueve 5.3 billones de libras esterlinas. El negocio es demasiado fluido. Alega la comisión independiente que el gobierno británico gastó £380 millones en 2005-2006 para tratar de reducir el suministro de drogas pero no se ven resultados porque el mercado de dichas drogas se adapta rápido a las redadas de la policía. La UKDC piensa que tendrá que remover 60-80% de los estupefacientes en la calle para poder golpear a los traficantes principales donde les duele. The Times comenta sobre el informe y destaca el tamaño de las incautaciones que se calcula cubren sólo un 9 a 12% del comercio. La demanda para drogas en el RU crece, dice el informe, y ahora existen dos niveles de clientes, es decir, cocaína de alta calidad para los ricos a £50 libras el gramo y de menos pureza para el "perraje" a £30 el gramo. La UKDC señala que el precio de la droga en la cadena inicia con £325 el kilo para el agricultor, £2,050 para traficantes locales, £7,800 para traficantes del Caribe, £30 ,600 al entrar en el Reino Unido y £51,659 en la calle, o sea hay ganancia redonda para todos, menos los parceleros.
De Irlanda les informo de una omisión garrafal y cruel. El marido y tres hijos de una señora somalí que se aceptó como refugiada en Irlanda del Sur estaban pudriéndose en un campo de refugiados en Etiopia desde 2005 sin saber que el gobierno irlandés les había otorgado visas para reunirse con la señora. El ministro de Justicia ofreció a ésta una disculpa pública alegando "una seria falla del sistema". Resulta que la mujer había hecho esfuerzos para saber qué pasó con su diligencia. Al final se supo del error gracias a su abogado que pidió la información bajo una figura legal llamada la ley de libertad de información. La crítica moral se dirige a los oficiales del ministerio para quienes los asilados son nada más que números.
Estoy un poco decepcionado con Benedict Mander de The Financial Times y su reportaje sobre los candidatos de la oposición inhabilitados. Aunque le voy a dar el beneficio de la duda aceptando que el editor puso el título; "Se prohíbe a candidatos de la oposición participar en elecciones". Mander escribe que la oposición está molesta porque los candidatos indicados iban a estados y puestos claves. Mander cita a la socióloga Margarita López Maya, a quien presenta como "una analista política de tendencia izquierdista", quien afirma que no está convencida de que la ley pueda remover el derecho de un político a presentarse a comicios sin una sentencia firme. "Cuando las instituciones no sirven al proceso revolucionario son obviadas como parte de la lógica revolucionaria". Luego Benedict cita a un oficial de la Contraloría General que describe el problema como parte de la lucha contra la corrupción alegando que el Tribunal Supremo de Justicia no podía dictar en contra de la inhabilitación porque hubiese socavado la lucha contra la corrupción. El periodista parece comprender lo que pasa. No como Rory Carroll, de The Guardian, que ahora está en Bolivia dudando de las credenciales de Evo Morales.
El editor de VHeadline Venezuela News, Roy Carson, aconseja a periodistas extranjeros y hombres de negocios que no vale la pena molestar a ministros solicitando información cuando pueden buscarla por medio de empleados de menor rango. Critica la actitud de lo que él llama "aficionados diplomáticos" encargados de embajadas de Venezuela que reemplazan a oficiales de carrera con familiares y amigos que simplemente "no entienden el rol de personal consular y de la embajada en el escenario del mundo moderno". Carson acusa al embajador ante el Reino Unido, Samuel Moncada, de desmantelar las relaciones diplomáticas que su predecesor Alfredo Toro Hardy logró establecer en un espacio de siete años. Roy Carson sigue su baile de críticas lanzando una acusación seria de penetración por parte de los servicios de inteligencia británica a fuentes cercanas a Moncada y su residencia. La respuesta del diplomático y sus allegados frente al hecho es "paranoia" que se demostró claramente cuando Roy llamó por teléfono pidiendo las reacciones de la embajada a la victoria del derechista Boris Johnson en las elecciones de la alcaldía de Londres. El mensaje que recibió como respuesta era mandarse a cambiar, en otras palabras: vete al diablo. Una crítica fuerte. ¿Verdad? Pero hay más. Roy alega que la omisión de Moncada en no defender al acuerdo Londres-Caracas cuando Johnson anunció que lo iba a terminar lo dice todo. No es precisamente un ejemplo de diplomacia revolucionaria. Tenemos problemas en las embajadas y oficinas consulares de Francia, España y Londres.
Supe que el embajador Moncada sigue en Caracas atendiendo problemas de carácter personal y personalmente espero que logre superar los momentos difíciles para poder regresar a su puesto.
El profesor chileno, Francisco Domínguez, se encarga de la oficina de información sobre Venezuela (VICUK) hasta que regrese Gordon Hutchinson que encabeza una delegación de personalidades británicas de visita en Venezuela en respuesta a la invitación del gobierno. Domínguez escribe una información enviada por el ex alcalde de Londres, Ken Livingstone, de que la alcaldía debe devolver £7 millones a Caracas, el remanente del vencido acuerdo Londres-Caracas. Resulta que Livingstone acusa a la Alcaldía de informar a los periódicos de Caracas antes que al pueblo de Londres.
Da gusto ver a miembros del parlamento británico y miembros de los amigos parlamentarios de Venezuela como Jeremy Corbyn, preocuparse por la cantidad de gente en peligro de perder sus casas debido a la situación económica en el Reino Unido. Los bancos han recobrado unas 19.000 casas en la primera mitad del año, lo cual es un aumento de 48% comparado con los primeros seis meses de 2007. Hay más y más personas que no pueden pagar la hipoteca de su vivienda. Corbyn insiste en que el gobierno laborista, es decir, su propio partido, debe involucrarse en la crisis de vivienda para ofrecer soluciones. Primero, dice, debería financiar consejos locales, y segundo comprar propiedades que estén vacantes.
Patrick J. O'Donoghue
patrick.vheadline@gmail.com
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