Dos empresarios venezolanos acusados de actuar como agentes de su gobierno sin notificar a las autoridades estadounidenses pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios y a militares de la nación sudamericana, de acuerdo con una moción presentada por fiscales federales.
Carlos Kauffmann y Franklin Durán sobornaron a funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela, los ministerios de Educación y Finanzas, la compañía estatal PDVSA y las gobernaciones de los estados de Cojedes y Vargas, según el documento presentado el miércoles a la magistrada Joan Lenard.
Durán, Kauffmann y otros tres intermediarios fueron acusados de actuar ilegalmente como agentes del gobierno de Venezuela para que otro empresario, Guido Antonini, ocultara el origen y el destino de un maletín con 800.000 dólares que le confiscaron en Argentina en el 2007.
El dinero del maletín habría estado destinado a la campaña electoral de la candidata oficialista argentina Cristina Fernández, esposa del entonces presidente argentino Néstor Kirchner. Fernández ganó las elecciones posteriormente.
A partir de la semana próxima, Durán deberá enfrentar un juicio en los tribunales federales de Miami. Kauffmann se ha declarado culpable y está cooperando con el gobierno de Estados Unidos. Antonini habría prometido al FBI colaborar a cambio de que no lo detuvieran ni procesaran.
De acuerdo con el documento de la fiscalía, reportado primero por el diario El Nuevo Herald y al que la AP tuvo acceso, Durán y Kauffmann comenzaron a trabajar juntos alrededor de 1998 y compartían en partes iguales las ganancias generadas por sus negocios.
En uno de los casos de sobornos relacionados con contratos de construcción, recibieron cerca de 30 millones de dólares del estado de Vargas y luego pagaron el 10% de ese dinero como sobornos a dos funcionarios de alto nivel de esa provincia. Esos hechos habrían sucedido entre el 2000 y el 2008, según la moción.
Entre el 2002 y el 2004, Durán y Kauffmann se asociaron ilegalmente con funcionarios del ministerio de Finanzas de Venezuela para reestructurar parte de la deuda de su país. Con la reestructuración ambos ganaron 100 millones de dólares y pagaron unos 23,6 millones en sobornos a cuatro funcionarios de alto nivel del ministerio de Finanzas venezolano, indicó el documento.
Señaló también que pagaron sobornos a funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela en contratos que incluían artículos que ellos mismos le proveían; y suministraron cientos de miles de dólares a empleados de PDVSA.
Entre los numerosos pagos de sobornos incluidos en el documento, figura la compra de un edificio en Caracas para que una agencia del gobierno lo ocupara. Por este último operativo, el ministerio de Finanzas les pagó 9,5 millones de dólares. Durán y Kauffmann, a su vez, pagaron sobornos de 4,5 millones de dólares a cuatro funcionarios del ministerio de Finanzas.
En ninguno de los casos el documento identifica a los funcionarios venezolanos, ni especifica las fechas.
Los fiscales presentaron la moción a pocos días del inicio del juicio con la finalidad de que la jueza los autorice a utilizar evidencias de "hechos malos" cometidos por Franklin Duran.
La fiscalía alegó en el documento que Durán y Kauffmann amasaron su fortuna económica a través de negocios corruptos que realizaban con el gobierno de Venezuela. Indicó asimismo que las evidencias demuestran la relación entre los empresarios y las autoridades de la nación sudamericana, y que para fortalecer esa relación con el gobierno venezolano, los empresarios sobornaban a los funcionarios.
De acuerdo con la fiscalía federal, Durán admitió ante un agente del FBI, Jorge Velez, que sobornó a funcionarios de Venezuela. Lo hizo en una entrevista del 11 de diciembre del 2007 posterior a su arresto, en la que aseguró que había tenido éxito en su país por los "sobornos" que pagó a políticos, funcionarios y empleados del gobierno.
En otra moción separada, la defensa de Durán intentó descalificar el pedido de los fiscales para que consideren a estos hechos como evidencias.
"Las alegaciones no tienen ni siquiera el nombre de un funcionario del gobierno involucrado en los supuestos sobornos", indicó el documento presentado por los abogados de Durán. Argumentó además que "ninguno de los presuntos hechos de corrupción tiene algún parecido o relevancia con las acusaciones de este caso o con otros asuntos que se anticipa surgirán en el juicio".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario